
- La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, defendió hoy en el Parlamento de Galicia la política decidida que la Xunta despliega, en el marco de sus competencias, con el objetivo de reducir los accidentes laborales
- Recordó que Galicia y Cantabria están representando a las comunidades españolas en la elaboración de la futura estrategia estatal en prevención de riesgos que permitirá actualizar la autonómica para dar respuesta, entre otros, a los peligros emergentes
Santiago de Compostela, 29 de junio de 2022. La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, puso hoy en valor, durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Galicia, las actuaciones de prevención de la siniestralidad laboral que la Xunta está desplegando con el forestal, la construcción y los servicios, como sectores de atención prioritaria.
“No debemos olvidar que hay un trabajo técnico riguroso y vigilante de las tendencias y otros indicadores de siniestralidad para poder trazar una actuación adecuada”, defendió la conselleira, quien indicó que el Gobierno gallego, en el marco de sus competencias -de asesoramiento técnico, de seguimiento y control y de puesta en marcha de actuaciones preventivas- está acentuando la vigilancia sobre actividades en las que se registran mayor número de accidentes y cuentan con más personas trabajadoras, así como entre el colectivo de personas trabajadoras autónomas y micropymes.
Tal y como remarcó la conselleira, en materia de siniestralidad laboral “el único número favorable es cero”, aun así, dijo, “la política en materia preventiva sí tiene resultados en el ámbito de la seguridad y salud y bienestar de nuestros trabajadores”. En esta línea subrayó que en 2021 los accidentes laborales mortales se redujeron en Galicia en un 12,72% respecto de 2020.
Lorenzana recordó que el Gobierno gallego está representando, junto con Cantabria, a todas las comunidades autónomas en el diseño de la nueva estrategia estatal de seguridad y salud laboral. Una vez completada, Galicia podrá actualizar la autonómica, con la que dará respuesta “a todos los riesgos existentes y también a los emergentes”.
El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (*Issga) cuenta con un plan anual de actuaciones con más de 6,6 millones de euros de presupuesto y 123 personas, de las que 12 son técnicas habilitadas para el ejercicio de actuaciones *comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo. Esta equipa realizó en 2021 un total de 548 actuaciones en 351 empresas, con especial presencia de actividades de construcción, pesca, campo, forestal, industria, servicios, tintorerías o talleres mecánicos. En el presente año se esperan realizar un máximo de 600 supervisiones en las que se incluirán, como novedad, al sector de la jardinería.
La Xunta, tal y como destacó la conselleira, ha constituido además un grupo de trabajo con presencia de todas las organizaciones sindicales y el tejido empresarial que tiene por misión analizar las tendencias de siniestralidad y proponer medidas para su reducción.
Lorenzana también valorizó la coordinación que su departamento mantiene con el Servicio Gallego de Salud y otros dispositivos públicos de prevención para minimizar el impacto de los accidentes de trabajo que tienen cómo causa infartos, derrames y otras patologías no traumáticas. Fruto de esta colaboración, el año pasado se acometieron 218 actuaciones de investigación o sospecha de enfermedad profesional.
Empleo inclusivo
La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, por otra parte, refrendó en el Pazo do Hórreo el compromiso de la Xunta con las políticas activas de empleo para las personas con discapacidad que tienen como propósito, tal y como remarcó en respuesta a una pregunta parlamentaria, “conseguir un entorno y un mercado laboral acogedor y inclusivo, en el que el empleo protegido para las personas con discapacidad pase a formar parte del empleo común”.
En esta línea, Lorenzana se refirió al plan que el gobierno gallego está impulsando para garantizar el empleo de este colectivo que, dotado con más de 40 millones de euros, cuenta con 7 programas de ayuda y apoyo al acceso a un empleo y la capacitación profesional de las personas con discapacidad y de lo que estén en situación o riesgo de exclusión social.